El gobernador anunció la construcción de un nuevo módulo en el complejo penitenciario de Bouwer, con capacidad para 1.000 internos y tecnología de última generación, en respuesta al colapso del sistema carcelario provincial.
La decisión llega en medio de una creciente tensión con la Justicia, que activó un habeas corpus colectivo por las condiciones de hacinamiento en las cárceles.
La iniciativa surge tras el respaldo político de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien apoyó el enfoque de mano dura impulsado por el ministro cordobés Juan Pablo Quinteros.
El nuevo módulo incluirá cámaras con inteligencia artificial, inhibidores de señal de celulares, escáneres de control, radares perimetrales, y cámaras corporales con transmisión en tiempo real, entre otros sistemas de vigilancia avanzada.
Además, Llaryora reiteró su pedido al Gobierno nacional para que construya una cárcel federal en la provincia.
La población carcelaria creció cerca de un 20% en el último año, pasando de 13.489 a casi 16.100 personas privadas de libertad.
El contexto social también impacta en el fenómeno. Según datos oficiales, de los 1.357 detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido, 642 no tenían antecedentes previos.
El propio Llaryora reconoció que el aumento de detenciones se vincula directamente con la crisis económica.
La provincia también se comprometió a ampliar la alcaldía con 500 plazas y a distribuir 500 tobilleras electrónicas para fomentar las prisiones domiciliarias.
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