Un caso de interrupción del embarazo ocurrido en el Hospital J. B. Iturraspe ha generado un fuerte debate en la comunidad, luego de que se conociera que una mujer accedió a un aborto a las 32 semanas de gestación, bajo el amparo de la ley vigente en situaciones de abuso sexual.
Según fuentes judiciales, la mujer denunció haber sido víctima de abuso, y con ese fundamento solicitó el procedimiento, que se realizó en el marco de la Ley 27.610.
Esta norma permite la interrupción del embarazo sin límite de semanas cuando se trata de una violación o si está en riesgo la salud de la persona gestante. La causa está siendo investigada por la fiscal Silvana Quaglia.
El hecho no tardó en generar reacciones encontradas. Por un lado, sectores exigen respeto por los derechos de la mujer y recuerdan que, si se confirma el abuso, se trata de una víctima que debe ser protegida.
Por otro, surgieron críticas debido a lo avanzado del embarazo y la complejidad que implican tanto el procedimiento médico como el impacto emocional del caso.
El presunto abusador, a través de su abogado defensor, negó los hechos y solicitó una prueba de ADN para determinar si tenía algún vínculo biológico con el feto, sugiriendo que la denuncia podría tener motivaciones personales.
Se supo, además, que algunos profesionales de la salud se ampararon en la objeción de conciencia, por lo que la práctica fue realizada por personal capacitado y autorizado para estos casos.
También trascendió que la mujer estaría atravesando una enfermedad psicológica grave, lo cual suma elementos al análisis judicial y social del hecho.
La situación plantea una tensión entre el marco legal vigente, la ética médica, el derecho a decidir, y la necesidad de acompañamiento institucional en casos de salud mental y violencia sexual.
La investigación continúa y se esperan definiciones judiciales.
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